Los ecosistemas de nuestro planeta albergan una gran diversidad biológica que aún no ha sido evaluada. El número de especies descritas está en torno a 2 millones, pero se estima que quedan por descubrir como mínimo otros 50 millones.
La mayor parte de esta biodiversidad reside en los bosques tropicales. Se calcula que las selvas contienen la mitad o incluso las dos terceras partes de las plantas con flores de la Tierra. El valor de esta variedad para el futuro de la humanidad es incalculable. Sólo hace falta pensar en que los centros de biodiversidad han sido el origen de muchas plantas cultivadas y son una reserva genética de rasgos útiles que podrían ser incorporados en los futuros programas de mejora y en la búsqueda de nuevos fármacos y otros bienes. Muchos de los medicamentos que usamos proceden directa o indirectamente de fuentes biológicas. Se calcula que sólo se ha explorado el 1% de las plantas silvícolas como fuente potencial de fármacos.
La biotecnología está cambiando radicalmente el modo en que se buscan, descubren y desarrollan productos útiles, tanto agronómicos, como médicos e industriales, de ahí la nueva revalorización del uso sostenible de estos recursos vivos.
En esta revalorización confluyen distintos intereses que hay que armonizar: por un lado, los de los países poseedores de la mayor biodiversidad, que suelen ser naciones en vías de desarrollo, que como "propietarias", desean sacar provecho económico de sus riquezas naturales; y por otro lado, las empresas de los países industrializados, cada vez más conscientes de la necesidad de acceder a la biodiversidad como materia prima de sus avances comerciales ("bioprospección"). El problema es que mientras que las empresas ven protegidas sus invenciones mediante patentes y otras medidas, los países en desarrollo no han contado hasta ahora con mecanismos adecuados de compensación por el mantenimiento y diseminación de su biodiversidad. Ha habido casos recientes en los que se ha acusado a compañías multinacionales de practicar la "biopiratería", patentando productos o procesos a partir de material de países del Sur, que no han sido compensados. El peligro de esta dinámica es doble: que por un lado, las naciones en desarrollo respondan con políticas "proteccionistas" que restrinjan el acceso a sus recursos vivos por parte de los países ricos, y por otro, que la unilateralidad de la protección de las patentes dificulte los programas de investigación y desarrollo necesarios para el Tercer Mundo.
-Ya hay ejemplos de "proteccionismo de recursos genéticos", por países (p.ej., la India y en Brasil) o por grupos de países: p ej., recientemente (marzo 1999) siete países surasiáticos (Bangladesh, Bhutan, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka) acordaron no pasar germoplasma vegetal (incluyendo maíz, trigo y arroz) a países distintos de su asociación.
-Las posibilidades de patentes a partir de la biodiversidad se podrían ampliar aún más en detrimento de países del Sur: el mercado de productos "botánicos" o de herboristerías (con un valor global de $15.000 millones) está en plena ebullición, a la busca de nuevos productos y procesos resguardados bajo derechos de propiedad intelectual. Mediante técnicas como espectrografía de masas, HPLC y otras técnicas de extracción y caracterización de componentes, está en camino de estandarizar la obtención de muchos productos farmacéuticos o parafarmacéuticos, susceptibles de ser patentados. Debido a que este subsector biotecnológico depende mayoritariamente de plantas y otros organismos de países tropicales, las disputas sobre el reparto de beneficios con los países ricos en biodiversidad no haría sino acentuarse.
Por lo tanto, el reto va a ser domeñar la actual revolución de la ingeniería genética para ponerla al servicio de los pobres y del medio ambiente, concretamente, la protección de su biodiversidad, necesaria para todos. Esto ya comienza a ser técnicamente posible, mediante los marcadores de ADN, la genómica vegetal y ciertas aplicaciones de la transgénesis. Sin embargo este objetivo está en peligro, debido a problemas económicos de los países en desarrollo (menos inversión en investigación agrícola) y a la tendencia de las empresas biotecnológicas a proteger su germoplasma bajo patentes y otros derechos de propiedad intelectual (DPI). Recientes acuerdos internacionales sobre patentes, así como las conclusiones de la Ronda Uruguay del GATT que ha dado paso a la OMC (Organización Mundial de Comercio), han conducido a una considerable ampliación de los derechos de los propietarios de patentes, restringiendo los privilegios y exenciones de agricultores y mejoradores tradicionales (esto último quedó fijado en la revisión de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales, UPOV).
-El dilema se puede describir de la siguiente manera: La iniciativa privada no invertirá en la nueva Biotecnología si sus productos y procesos no están protegidos por patentes u otros DPI, puesto que de lo contrario, no recuperarían las gigantescas sumas de dinero arriesgadas ni podrían hacer negocio. Pero por otro lado, los centros públicos tanto internacionales (por ejemplo, del CGIAR) como nacionales han sido en el pasado (y se espera que en el futuro) absolutamente esenciales para generar bienes públicos en los países en desarrollo. Si estos centros, por problemas financieros y por su difícil acceso al material protegido de la iniciativa privada, dejaran de ejercer adecuadamente su misión, se estaría creando una auténtica injusticia moral para las poblaciones más necesitadas del planeta. La situación es aún más hiriente si pensamos que estos centros son depositarios de la mayor parte del germoplasma, procedente de miles de experiencias "gratuitas" desarrolladas mayoritariamente por agricultores del Tercer Mundo, y que ese material ha estado disponible igualmente para las empresas. (El colmo de la desfachatez fue el reciente intento de una compañía australiana de patentar y exportar un linaje de garbanzo ligeramente modificado a partir de muestras de centros públicos). ¿Hay alguna manera de salir del peligroso atolladero?. Autoridades en la materia como Serageldin piensan que sí, si se logran rediseñar las relaciones entre las empresas privadas del Primer Mundo y la I+D pública dedicada al Tercer Mundo, y se reorientan ciertos dominios relativos a la propiedad industrial:
-"Los bienes públicos deben estar disponibles para el público, y los bienes privados que están en camino de lograr bienes públicos deberían ser tratados de forma distinta a los bienes privados producidos por el sector privado en relación directa con el usuario final" (Serageldin, 1999, p. 389). Habría que establecer excepciones a la aplicación de los cánones de propiedad intelectual cuando el material correspondiente vaya a servir a los centros públicos como parte de sus programas de mejora que redundarán en bienes públicos para los países pobres. (Los países africanos y la OUA están actualmente buscando alguna alternativa al sistema de patentes vegetales de la UPOV, pero necesitan que se aclaren las relaciones entre el acuerdo TRIPs de propiedad intelectual de la OMC y la Convención de Biodiversidad; ver más abajo).
-Hasta ahora ha habido algunos acuerdos bilaterales exitosos entre algunas multinacionales y ciertos países, que han permitido transferir tecnología que no va a competir en los mercados de esas empresas. Por ejemplo, la Monsanto ha llegado a acuerdos con los gobiernos de México y de Kenia para desarrollar plantas resistentes a virus. También hay ONGs filantrópicas que actúan como "intermediarios de buena voluntad" para permitir acuerdos semejantes (incluso Universidades como la de Rutgers y el Instituto Scripps han actuado como intermediarios entre las fuentes de biodiversidad y ciertas multinacionales). Sin embargo, hay que ir a un sistema más general que permita acuerdos y colaboraciones legalmente vinculantes para la transferencia de tecnología a estos países. Se precisan nuevos tipos de colaboración amplia con el sector privado, por los que se respeten los intereses propietarios y los mercados consolidados de las empresas, pero que estimulen la I+D pública agrobiotecnológica de los países en desarrollo. Esto conecta con el siguiente apartado.
NOMBRE:Alexander Sayago Maldonado C.I:16232455
EES seccion:1
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